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Estamos en vísperas del evento deportivo internacional más importante que alguna vez se haya organizado en el país. Seremos privilegiados anfitriones de casi 7 mil atletas y decenas de miles de turistas y el Estado peruano tiene el deber de confrontar el gran desafío de seguridad integral en cada uno de los procesos de los Juegos Panamericanos.
Desde que la seguridad multidimensional puso a la persona en el centro de la seguridad, esta dejó de ser lineal para expandirse a cada uno de los campos del quehacer humano al punto que hoy, junto al CEO (director general) de cada gran organización, se encuentra un CSO (director ejecutivo de seguridad). La seguridad muchas veces considerada como rol exclusivo y excluyente de la fuerza pública y relegada a planos secundarios, ha cambiado en teoría y praxis. No es extraño hablar de seguridad laboral, o seguridad jurídica, médica, física, lógica o digital, social, seguridad económica, de salud, educativa y obviamente seguridad política.
Es por ello crucial para el país, cerrar cada brecha posible de riesgo y garantizar que los deportistas nacionales, internacionales, turistas y ciudadanía, durante los próximos juegos, estén y se sientan seguros, entendiendo que cualquier contingencia de inseguridad puede arruinar todo lo trabajado incluyendo la imagen país.
El desorden es enemigo de la seguridad y vivimos momentos cuasi anárquicos en algunos campos. Caudillos que husmean brechas sociales para politizarlas, ganar réditos o justificarse, encontraron en Tía María del recordado “lentejero” Pepe Julio Gutiérrez, una causal para revueltas por consignas ideológicas posextractivistas.
No menos grave es la fuga y recaptura del sicario condenado a 25 años, quien salió de prisión haciéndole guiños a la justicia y un carcajeo a todos los peruanos. Lamentable expresión de inseguridad jurídica y de penales. Una amenaza directa a la familia Nolasco y alarma para la sociedad que acumula ingratos recuerdos del terrorismo.
Y más. La seguridad privada contratada en plazos peligrosamente cortos y con empresas en apuros para completar personal y sin la especialización que se requiere, además de otros cuestionamientos que se podrán analizar posteriormente, no brindan confianza total y sería prudente que se dicten medidas para que la “seguridad panamericana”, además de la policía en su tarea constitucional, pueda emplear eventualmente las fuerzas especiales de las FF.AA. en aquellas tareas críticas que bien conocen, manteniendo una reserva presta. No podemos fallar.
Finalmente, el clima de paz. Es urgente la acción del Gobierno para dialogar y congelar todas aquellas acciones sociales que comprometen la seguridad y afecten la imagen país. Se trata de intereses superiores del Perú y una pausa concertada de 60 días sería una indispensable muestra de peruanidad y liderazgo en momentos en que los ojos del mundo nos escudriñan. Si el Perú es primero, demostrémoslo.
