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Si el Plan Colombia por ‘efecto globo”, trasladó el centro de gravedad del narcotráfico al Perú, que nadie vaticinó como gran amenaza, hoy la gravedad debe ser el centro de atención de todos los peruanos. Numero de muertes en crecimiento por “ajuste de cuentas”, expansión de sembríos de coca, mayor producción y exportación de cocaína, incremento del consumo interno de cocaína y drogas sintéticas, incapacidad para frenar el flujo de insumos químicos fiscalizados (IQF), incremento de “burriers”, presencia de cárteles extranjeros y generación de equivalentes peruanos, lavado de activos indetectables, exigua incautación de drogas en proporción a lo producido, crecimiento desmesurado de cultivos de amapola, escasas sentencias judiciales sobre capos significativos, desidia para implementar medidas planteadas hace años y por si fuese poco, representantes de cocaleros elegidos en el ejecutivo y legislativo por votación popular. Estos indicadores muestran el posicionamiento del narcotráfico en la sociedad peruana y sin claros horizontes de control. Si las estadísticas sirven para determinar tendencias, estas indican que galopamos hacia un escenario de violencia como aún es Colombia o más grave como en México y que la posibilidad del narco-estado no está lejana.
Entiéndase por narco-estado aquel, donde los poderes del estado e instituciones determinantes son influenciados en la toma de decisiones de manera directa o indirecta en provecho de estrategias, que también pueden ser directas o indirectas para favorecer al narcotráfico, hechos poco perceptibles a la observación común. La amapola que crece aceleradamente como complemento, confirma la avezada vena delictiva y el reforzamiento de conducta de los narcotraficantes que buscan hacer cultura ante la incapacidad por combatirlos. La amapola, lo sabemos, no es un cultivo ancestral peruano. Esto, y la proliferación de sembríos de coca en lugares donde no existe el “chacchado”, nos alertan el riesgo de seguir cediendo espacios, que los delincuentes ocuparán hasta hacer masa crítica y asegurarle más violencia al Perú.
He sido parte del alto mando de las Fuerzas Armadas y testigo del problema en sus diversas dimensiones, especialmente aquella ligada a la decisión política que creemos, es el inicio de las soluciones. Pues, la decisión política significa poco o nada, sin la convicción de implementarla en los niveles de ejecución, alineando decisiones con acciones. No se pueden negar avances en el Valle del Huallaga, o golpes importantes como aislados de Dirandro; pero el control de IQF es un rotundo fracaso. Y en cualquier estrategia, la reducción de insumos es vital para estrangular la producción y refinado de cocaína. Un tema interesante: muchos insumos que llegan a las cuencas productoras, son importados y sus volúmenes exceden las necesidades del mercado legal, sin embargo los márgenes de importación se mantienen incólumes. Un gran negocio sin dudas.
La erradicación es un dilema por estos días y no merece serlo. Se deben respetar las costumbres ancestrales de la población andina que necesita la hoja de coca para el “chacchado”, y comprender a la gente pobre que baja del ande hacia la ceja de selva para mejorar sus condiciones de vida en la rentabilidad de la coca. En realidad la gran mayoría de agricultores cocaleros son pequeños parceleros pobres. ¿Qué sucede con las grandes plantaciones que claramente van al narcotráfico? o aquellas ubicadas en el Putumayo o en Ramón Castilla, donde nadie tiene la costumbre de “chacchar” y alimentan la cadena narcotraficante?, ¿cómo seguir indiferentes con sembríos de coca en lugares alejados del Vizcatán bajo la sombrilla de capos del terrorismo?. La opción es clara, hay que erradicarlos con la certeza que la erradicacion per se, no es solucion única ni definitiva, sino parte importante de un engranaje que incluye, control de IQF, interdicción por aire, mar y tierra, cultivos alternativos con generación de valor agregado, vías de comunicación para extraer la producción legal, establecimiento de plantas procesadoras de café, cacao, frutas, etc.
En Tambopata, Inambari, La Convención, Aguaytía, Ramon Castilla, Putumayo, etc, los cultivos de coca se expanden como manchas de aceite en una version de “efecto globo” interno. También la amapola en más de diez regiones. En estos lugares, pronto se incrementará la violencia pues los cabecillas demandan seguridad armada para la vigilancia de pozas, trasporte, trasteo de insumos, así como la competencia por espacios o rutas, las disputas internas por el control de los cárteles, etc situación que puede ser aprovechada por los movimientos terroristas activos, o aquellos que puedan resucitar o generarse.
Alguna vez esbocé la posibilidad de un “subsidio por erradicación”, para los pequeños parceleros pobres, a fin de involucrarlos en la erradicación pasando de ser parte del problema a ser parte de la solución. Es una posibilidad concreta en el mediano y largo plazo, pero conlleva asegurar la sobrevivencia al pequeño productor mediante una subvención por el tiempo que tome generar productos legales e implica la inmediata sustitución de cultivos. En este esquema el estado no puede estar ausente y dejar las soluciones en manos del mercado pues la enfermedad tiende a hacer metástasis en un organismo intrínsecamente débil. No hay tiempo que perder en disquisiciones pues atañe a la seguridad y salud de todos los peruanos.
De este mayúsculo problema, el Vrae es solo uno de los focos, agravado por una nueva expresión de Sendero Luminoso que hoy juega a ganar el apoyo de la población. Justamente lo que el estado debe hacer. Los hermanos Quispe Palomino tienen en el narcotráfico su fuente logística y están por vez primera, cercanos a lograr una real base de apoyo social con los cocaleros en una ecuación de apoyo mutuo. No hay que ser brujo para darse cuenta que pronto embriones terroristas serán sembrados en otras cuencas y con ello el “modelo Vrae” de terrorismo y narcotráfico apareados en interés común, se multipliquen.
¿En este escenario que hacer? Mucho por cierto. Lo primero además de la decisión política es tener la convicción de vencer en todos los planos sin idas y venidas como hasta ahora. Las idas y venidas desde hace dos décadas, que incluyeron ceder la iniciativa y libertad de acción al terrorismo, han costado cientos de vidas. ¿Quién o quienes responden por ellas?. Pero el Vrae es también la prueba de fuego y vencer ahí será decisivo pues permitirá replicar lecciones aprendidas.
Si hay convicción, se podrán implementar las garitas de control, multisectoriales, donde la coordinación y el control mutuo, impidan la corrupción y el flujo de IQF. Se podrán emplear tropas profesionales y no soldados bisoños cuando el reglamento de la ley de tropas especialistas no siga encarpetada por falta de voluntad en el MEF, si hay convicción se sancionarán a los lavadores de activos cuando un poder judicial convencido aplique la ley. ¿Veremos algún día a un capo de cuello y corbata, lavador de activos y cabecilla soterrado del narcotráfico, sentenciado por el poder judicial?. Solo cuando haya verdadera convicción judicial. Por igual, se erradicarán las grandes plantaciones y se podrán declarar “zonas de no coca o amapola” aquellos lugares donde la erradicación sea inmediata si se vulnera la norma y frenar el crecimiento de sembríos ilegales, la interdicción en puertos y caminos conocidos serán más efectivos. Si hay convicción, el responsable político no será solo un coordinador que se pierde en la maraña burocrática, sino alguien con capacidad de decisión por tener rango de ministro o por dirigir un Proyecto Especial con presupuesto propio. Pero nunca como ahora. Si hay convicción, no se capturarán solo “chauchillas” sino a los verdaderos cerebros. Y los gobiernos regionales involucrados no mirarán el problema como extraño a sus responsabilidades. Si hay convicción se puede crear un gran frente contra el narcotráfico, en la región y liderar esa guerra.
Esta guerra es multidimensional y de recuperación de “cabeceras de playa” controladas por el crimen que mientras más grande son, más costosa será la solución. Algo debe quedar muy claro: nadie solucionará este problema, sino los peruanos. Cualquier ayuda económica externa, solo será eso, una ayuda. Sabemos que hay corresponsabilidad con los consumidores, pero al final el problema en el Perú, es nuestro. Entonces, ningún recurso del estado puede ponerse de perfil, pues la policía sola no será suficiente para esta colosal tarea. Debemos convencernos de la gravedad de la situación y del enorme desafío que esta amenaza plantea a la sociedad, donde jóvenes y niños son los más vulnerables. Es tiempo de tensar fuerzas y mover el engranaje, no de ambivalencias. ¡Cuidado!, pronto puede ser demasiado tarde.
