La Claudicación Inconsciente

El neosenderismo con tácticas huelguistas desarrolló su más audaz "puesta en escena" ante la descoordinación y casi abulia de quienes no parecen entender que se cocina tras bambalinas, permitiendo el desborde sin ponderar las intenciones y riesgos que se cierne sobre el futuro del país.

Desde su captura, la cúpula terrorista de Sendero Luminoso aplicó un plan de contingencia de tipo legal, ideológico y político dejando remanentes armados en la selva central aparentemente desconectados. La batalla legal en venganza y para transferir más aún la carga de su responsabilidad a las fuerzas del orden a la par de buscar la libertad de sus cabecillas. Las otras dos siguiendo los dictados de (a) Gonzalo para mantener vivo el partido y superar el recodo en ruta al poder.

Así, intensificaron la concienciación en universidades, infiltraron sindicatos, crearon organismos de siglas raras y hoy con discurso celestial fingen reivindicar a profesores y médicos.

La cristalización en química, es un proceso que purifica una sustancia hasta volverla nítida. El extremismo entiende por cristalización ideológica al proceso de concienciación para crear en sus seguidores las “condiciones subjetivas” o de convicción que permita luego explotar las “condiciones objetivas” del débil estado (envuelto en corrupción, impunidad, divisionismo, improvisación, etc.) para la captura del poder. Años atrás este proceso implicaba sangrientas Guerras Revolucionarias

Hoy algunas cosas cambiaron y la Guerra Revolucionaria puede ser inútil si el poder se puede capturar sin fusiles ni bombas. Un ejemplo vívido es Venezuela donde lo objetivo y subjetivo hicieron sinergia a fines del siglo pasado y el poder fue capturado empleando una de las armas de la propia democracia: las elecciones. Una vez en el poder cambiaron de constitución y he ahí una nación capturada por el comunismo extremista. La democracia venezolana claudicó inconscientemente.

Hay que mirarse en el espejo venezolano con agudeza de sentidos pues no hay opción para más ensayos. Aquello, no fue algo súbito sino el desenlace de un proceso de descomposición principalmente moral de muchas décadas donde su bipartidismo se turnaba en el poder mientras la gente se preguntaba ¿Dónde está el dinero?, entiéndase las ingentes sumas que el petróleo producía mientras nuevas castas de millonarios podridos crecían como hongos y la pobreza extrema corroía hasta que les llegó la alternativa del diablo.

Veamos el caso de Colombia que aparentemente va en rumbo de concordia y lo cierto es que paso a paso puede ir en la dirección venezolana. La Guerra Revolucionaria de las FARC fracasó por la resistencia de un sistema democrático inclaudicable que hoy se divide y tiene un futuro complicado. Las FARC han depuesto las armas a cambio de lo que no lograron en 50 años de guerrillas y se aprestan a buscar el poder usando la democracia y en algunos años Colombia podría estrenar “dictadura de peluche” como ha llamado el expresidente Uribe a los procesos de captura del poder con guante blanco para quedarse con él.

 Celebrar elecciones sucesivas y ejercer el voto como expresión de democracia se aplaude en Perú sin reparar que ello no garantiza la solidez ni continuidad del sistema. La alternancia electoral que es una fortaleza de la democracia, al mismo tiempo puede ser una debilidad en el sentido que huestes con capacidad de enmascaramiento político y alta dosis de hipocresía también política, pueden acceder al poder, adueñarse del mismo e implantar la “república popular de nueva democracia”. El sueño terrorista del millón de muertos.

En las circunstancias actuales, cualquier político extremista que enarbole banderas jacobinas contra la corrupción proponiendo pena de muerte para quienes le roban al país (presidentes, jueces, fiscales, funcionarios en general, etc) obtendría millones de seguidores pues hay nauseas por la corrupción y por la casi indiferencia por combatirla de raíz con la firmeza que el momento demanda, tornándose en un dañino caldo de cultivo.

La clase política tiene ineludiblemente que dar el ejemplo. Si desde la cúspide se roba o trafica, se abren puertas para la corrupción en serie destruyendo la moral, las instituciones, la fe en el sistema y agudiza la pobreza y las contradicciones. No demos por sentado que nuestra democracia, como va, será infinita.

Las soluciones mágicas, fáciles de ofrecer, no cuestan esfuerzo ni rubor en tiempos de posverdad. El terrorismo no cejará en sus intentos de captura del poder y puede combinar acciones violentas y usar la democracia que le regala espacios. Si no hay reacción, el país puede convertirse en “Perúzuela” algo nada utópico si seguimos como el cangrejo y la población es empujada a buscar alternativas extremas. Hay que tomar conciencia que no todo está ganado y que la claudicación inconsciente se descubre demasiado tarde.

Discurso por el Bicentenario

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En los desastres la ayuda llega del cielo

En los últimos días revivieron viejas discusiones en la prensa, sobre la inversión social frente a la necesidad de adquirir más helicópteros para las Fuerzas Armadas (FFAA). Si el periodista es ideologizado, resulta irrelevante tomarlo en cuenta pues algunos buscan debilitar a las FFAA al considerarlas un obstáculo en sus pretensiones de alcanzar el poder a cualquier costo. Cuando no son aquellos que se auparon a dictaduras militares o cabalgaron con ex militares políticos como Humala con tal de hacerse del poder, entonces el asunto si preocupa.

¿Por qué algún periodista afirma que es innecesario invertir en helicópteros “pues no estamos en guerra"? Solo hay una explicación: desconocimiento de asuntos relativos a seguridad y desconocimiento de la realidad nacional. Es no conocer el Perú ni entenderlo en su contexto y proyecciones. Mencionaré algunos temas en ese marco.

En Octubre del 2003, en México, se aprobó la denominada Declaración sobre Seguridad en las Américas en la cual se define que el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana y afirma que la seguridad se fortalece cuando se profundiza su dimensión humana es decir, se respeta la dignidad, los DDHH, libertades fundamentales, se promueve el desarrollo humano, la inclusión social, educación, se combate la pobreza, hambre, enfermedades, etc.

Este enfoque, que amplía el concepto tradicional de defensa y seguridad de los estados para incluir asuntos políticos, económicos y sociales, redefine la noción sobre amenazas, es decir casi todos los campos del quehacer humano pueden incubar y explotar amenazas a la seguridad. Ello impone redefinir la seguridad y defensa como un asunto eminentemente multidimensional y que ya no puede estar ausente en los decisores políticos y la influyente prensa nacional.

Esa es la sombrilla bajo la cual se debe entender la seguridad y defensa en el marco de la OEA, sin dejar de mencionar que la misma declaración define que cada cada estado es soberano en asuntos de seguridad y defensa, por lo tanto entendamos que hoy conviven los conceptos añejos y tradicionales con aquellos del nuevo enfoque. Por ello es necesario mirar ambos temas sin cerrar los ojos al mismo tiempo.

Entendamos el Perú de otro lado. Con respeto por todas las universidades del país (por algunas de las cuales he transitado), estas, carecen de programas de enseñanza del Perú como objeto de estudio. Uno de los pocos, es el Centro de Altos estudios Nacionales (CAEN) donde el Perú es la asignatura principal para conocerlo en todos sus atributos, flaquezas y posibilidades. Y el Perú es un país excepcional en el más amplio sentido de la palabra. Combina una geografía agreste que va desde el árido desierto a las anegadizas selvas, pasando por una cordillera extensa que nos hace más grandes; con una nación verdaderamente de naciones, dispersa en miles de lugares, a muchos de los cuales aún no llegamos como estado.

Imposible obviar en un resumen del Perú, nuestra ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacifico y ser por ende vulnerables a terremotos. Somos vulnerables a la debilidad del Anticiclón del Pacifico Sur cuando es incapaz de impulsar aguas frías de sur a norte que impidan el acceso de aguas calientes desde el Pacifico lejano hacia nuestras costas y lo pagamos con vidas, viviendas, carreteras, puentes, epidemias, etc. Somos vulnerables a huaycos, inundaciones o sequías y "friajes" cuando La Niña sucede a El Niño. Se nos vienen problemas de agua con lagunas que languidecen tan rápido como crece la población que demanda agua. Somos vulnerables a la depredación de la minería ilegal e informal y de cocales que degradan tierras y narcotráfico que contamina los flujos de agua.

Las FFAA son las más aprestadas y versátiles para dar respuesta inmediata a cualquier amenaza si aceptamos que la persona humana es la razón principal de la seguridad y defensa. Por fortuna, se va perdiendo el temor a que las FFAA salgan de los cuarteles por el recelo, nacido de la incursión indebida en la política que queda para siempre en el archivo. Las FFAA hoy están alejadas de asuntos políticos que no vienen ligados a la seguridad y defensa nacional.

Los recientes dolorosos sucesos en el país han demostrado la importancia de las FFAA, PNP, Bomberos y el sentido de oportunidad en la respuesta. Con carreteras y puentes destruidos se estableció el puente aéreo y localmente fueron los helicópteros los de la importante tarea de salvataje, evacuación, abastecimiento, distribución, trasporte, etc. La gran carga puede llegar por vía marítima hasta ciertos puntos, pero si el problema es tierra adentro la ayuda rápida y oportuna llegará siempre desde el aire.

No hay espacio para disquisiciones. En un mundo incierto con cambio climático en curso, con millones de compatriotas dispersos en lugares alejados, nuestra flota de helicópteros no debe ser menor a 100 unidades. Sigamos el ejemplo de Colombia que nunca escatimó en invertir fundamentalmente en aeronaves de ala rotatoria. Sus problemas internos y geografía se lo imponían. Pues, nuestra geografía es más agreste que la vecina y nuestro contexto arriba mencionado es mucho más complejo.

Se hace también importante que la actual Gran Unidad de Aviación del Ejército, descentralice batallones de helicópteros (y cree alguno más), a cada una de las grandes regiones del país y tenerlos “a pie de obra” ante cualquier contingencia para que las soluciones más rápidas y oportunas lleguen a nuestros compatriotas. La nación lo necesita y para ello tienen a sus FFAA.

Un antiguo Batallón de paracaidistas del Ejército del Perú tenia como lema: "La furia baja del cielo". Hoy, las soluciones a los desastres naturales llegan del cielo, vía helicópteros.

El reto del Ministro Nieto

No es fácil la tarea recibida por el actual responsable del despacho de defensa. Lo ideal sería tener a un ministro mirando al futuro y buscando enganchar el sector dentro de las demandas del siglo XXI; tarea complicada cuando hay lastres legados por el humalismo, que no pueden pasar por agua tibia si se pretende avizorar con determinación el futuro.

El ejecutivo ha cumplido con el compromiso expuesto en su plan de gobierno de crear una comisión que evalúe lo actuado por el régimen saliente en gestión de recursos humanos, pues ya se sabía de la ruptura de normas en algunas instituciones para favorecer a allegados.

Como en muchas burocracias que privilegian el hecho consumado, aparecen críticas a la comisión, su conformación, sus conclusiones, nombres  de mas o de menos y esgrimen que es una intromisión que afecta la institucionalidad. Vaya absurdo. Para entender esta postura hay que entender también la cantidad y cualidad de los actores involucrados.

De un lado están quienes prefieren el statu quo donde la utilidad es más práctica que la verdad. Si alcanzaste tus objetivos personales y puedes sostenerlos, ¿para qué cambiar el estado del arte?. (En las negociaciones de paz en Colombia alguien diría: nadie negocia para ir preso si puedes sostener tu estatus). Entonces, el escrutinio para unos puede oler a azufre.

De otro lado están quienes fueron atropellados en sus derechos al ser cesados injustamente para generar espacios y buscan recuperar sus derechos, viven una vía crucis inaceptable. Algunos acudieron a la vía judicial y fueron reincorporados con derechos menoscabados por el tiempo y oportunidades perdidas. Otros van al ritmo impredecible de los procesos que uno sabe cuando empiezan y no cuando terminan. Con los procuradores de defensa haciendo su trabajo los cesados deben enfrentar la lentitud de la justicia y a los procuradores bajo control del propio sector que los expectoró. Una lucha desigual.

La institucionalidad debe ser entendida como el imperio del derecho, donde las normas se apliquen a todos por igual siempre. En las instituciones castrenses las jerarquías diferencian bastante y son las normas y su aplicación correcta las que igualan a las personas. La meritocracia es un activo fundamental y las actas que la sustentan no pueden desaparecer, ni los sistemas de cómputo ser alterados sin que ello no indigne o cesar oficiales que durante 30 años demostraron su valía, en una expresión de desprecio por el mérito, el esfuerzo personal, el plan de carrera y vida de un profesional. La astucia no puede suplir al mérito.

Humala tuvo la gran oportunidad de respetar y sentar las bases de una sólida institucionalidad proyectando al tercer siglo la marcha del ejército en particular. No solo la desperdició sino causó heridas que tomará tiempo cicatrizar particularmente si no se resarce a los afectados y apostamos por un nunca más, con convicción.

El problema es claro: se hizo tabla rasa de normas para cesar a unos y promover a otros rápidamente. Puede haber la idea que las decisiones correctivas afecten más a la institución y algunos prefieren dejar que el tiempo se encargue. Muy peligroso, pues equivale a tapar el polvo con la alfombra. Un laissez faire que pretenda que los problemas se arreglen solos, garantizaría que estos se repitan ¿para lamentarlos en 2021 o 2026?.

A grandes males, grandes remedios. Y en este caso la cura debe llegar desde el lado del derecho y de la proyección institucional donde jóvenes generaciones no vean este problema como una rutina desalentadora. Hay que reparar y mejorar las normas derogando aquellos dispositivos legales o sus reglamentas que afectaron y afectan a las personas. Recordemos que el régimen pasado también afectó a los veteranos conculcando sus derechos pensionarios. Y algo hay que cuidar: no incurrir en los mismos disparates del humalismo. Lo peor que puede pasar es que detectadas algunas irregularidades no se actúe en consecuencia.

Un riesgo siempre merodea en el ambiente y podría tipificarse como el "Síndrome de Estocolmo Burocrático", donde las autoridades por afinidad o proximidad laboral, se congracien con un estado de cosas que pueden no mostrar evidencias diarias de lo sucedido y que induzca a creer que todo es normal y limite las decisiones. Esperemos un nunca mas, he ahí el reto.

Estado Latente

La estabilidad en la vida diaria es contributiva a la zona de confort de personas y de muchas instituciones del estado que viven en estado latente. Con la velocidad de los cambios actuales pensar en estabilidad es un desafío al absurdo. La reacción del estado frente a los desastres en Piura nos confirma que somos un estado en espera, y reactivo, con la salvedad que algunos entes siguen esperando. ¿Todo cambia, menos el estado?.

En las Fuerzas Armadas la rápida transición de la vida de cuartel a la de operaciones es una cualidad que se conoce como aprestamiento o alistamiento. Es decir la capacidad de estar listos en breves instantes para afrontar cualquier contingencia con efectividad. Ello demanda planes de contingencia y entrenamiento en su ejecución. Antes, esta era una cualidad casi excluyente de las organizaciones castrenses, pues los cambios en el mundo eran lentos, fácilmente digeridos y los vaivenes climáticos eran esporádicos.

Hoy, los ministerios y otros entes del estado no pueden vivir y gestionarse permanentemente como si la zona de confort fuese ilimitada y las rutinas eternas sino entender que deben tener la capacidad de tensar músculos en cualquier momento y hacer la rápida transición a gestionar situaciones inesperadas, diversas y hacerlas de manera efectiva.

Recuerdo dos episodios, que particularmente marcaron mis memorias, de la forma como el estado peruano trastabilla cuando la situación normal se rompe súbitamente. Entiéndase por normal un estado de cosas donde se trabaja por ejemplo de 9 a 5, el entorno es el mismo, los recursos no faltan, todos hacen su rutina sin juzgar si lo hacen de manera eficiente y eficaz, pero ahí están, cada uno en su ámbito de confort.

El primero en 1980, cuando irrumpe Sendero Luminoso y quema las urnas, votos, y demás registros con los que se elegían nuevo gobierno en el Perú. Chuschi se hizo conocido por ese lamentable hecho. Las primeras reacciones fueron clamorosamente timoratas a pesar que al gobierno central no le faltaba datos de inteligencia y era evidente por las pintas en muros y cerros que el “inicio de la lucha armada” tan cacareado por los extremistas, estaba en las puertas del estado. Conocido el atentado la reacción fue de casi parálisis.

Algunos ningunearon el hecho, otros lo tomaron como un incidente menor en el marco de elecciones nacionales que habían cumplido su propósito. Lo patético vino cuando desde el propio palacio de gobierno se tipifico luego, a los autores de hechos de sangre como abigeos. Una década más tarde y con más de 20 mil muertos, las Naciones Unidas tipifico a los delincuentes como Organización Terrorista.

El estado no supo hacer la rápida transición de tiempo de paz a uno de guerra contra el terrorismo y esas dudas le dieron dos años impunes al extremismo para asesinar y reforzar la motivación de sus integrantes y los de sus potenciales seguidores. Cuando se desplegaron a las FFAA en Ayacucho, los terroristas habían abierto otros frentes y aceptarlo tomó otras discusiones y más tiempo perdido. Tardía la reacción, que vino de la mano con otras decisiones erradas en cascada. Como los políticos no querían asumir el rol que la situación les imponía, se designó a militares como Jefes Políticos Militares. Luego como los fiscales eran asesinados o amedrentados por el terrorismo, la brillante idea fue designar fiscales militares y más tarde jueces militares. Es decir las FFAA debieron hacer su tarea militar, pero también tareas políticas, fiscales, judiciales, sociales. Es decir, se pusieron el estado al hombro y hoy lograda la pacificación, faltaba más, son perseguidas con el estado puesto de perfil.

El segundo episodio inolvidable y ligado a esa inaptitud para adecuarse rápidamente a las variaciones de las circunstancias, se produjo con ocasión del terremoto de Pisco. Empecemos mencionando que cerrada la jornada del día 15 de Agosto de 2007, nadie sabía con precisión donde fue el epicentro y al amanecer del día 16, Pisco tenía todas las autoridades del ejecutivo juntas y a las FFAA por cierto. El Presidente condujo muy temprano un Consejo de Ministros y recuerdo la orden: “hágase cargo de las acciones de respuesta al terremoto”. Nada más.

Tras ello, innumerables tareas. Algunos ministros recibieron responsabilidades territoriales: Ica, Chincha, Cañete, etc. Lo cual fue acertado. Los  problemas aparecieron cuando los ministros que quedaron en Pisco buscaban involucrarse en las soluciones y con frecuencia colisionaban con las tareas de alguno de sus pares. ¿Qué sucedía?, no tenían un plan de contingencia sectorial y por lo tanto, algo debían hacer y en ese afán recuerdo esfuerzos extraordinarios que merecían ser mejor canalizadas si cada sector estuviese preparado para hacer lo suyo en situaciones no normales. Las tareas de reconstrucción fueron otro cantar y si en la  etapa inicial se extrañaba mejor coordinación, en esta ya sabemos el desenlace.

Existe una Ley del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres  (Ley 29664) que establece estándares de Continuidad Operativa que debe hacerse cultura y cada sector tiene que organizarse, formular planes de contingencia y continuidad, ensayarlos y cuando el desastre o emergencia se presente, la capacidad de apresto para abandonar la rutina y asumir tareas complejas como las que deben desarrollarse hoy en Piura, Tumbes y alrededores no puede ser tardía. Lo mismo aplica para los gobiernos regionales y locales y es en base a estos planes que se deben asignar los recursos. El estado debe estar listo para reaccionar y no ser una rémora mientras la población literalmente se ahoga y las soluciones no llegan a tiempo. Adicionalmente, la presencia de los decisores en el lugar de los hechos no tiene sustituto. En casos de emergencia, la realidad virtual no sustituye a la presencia física.

Continuidad operativa, planes de contingencia sectorial e institucional, capacidad de apresto. 

Necesitamos un estado alerta y listo es decir con capacidad para dejar su zona de confort y mostrarse al servicio de los damnificados. Ya no es una opción, es una responsabilidad legal que debe poner fin al estado latente.

Discrecionalidad arbitraria

Con la reciente ascensión del General Humberto Ramos Hume, el Ejercito del Perú (EP) registra su comandante numero dieciséis desde el año 2000. En el mismo periodo, Argentina tuvo cuatro, Chile cuatro, Colombia –comprensiblemente– nueve y Brasil cuatro. El EP promedia menos de un año por Comandante General (CG) y es escasamente mejor en las otras dos fuerzas.

En el primer quinquenio del presente siglo se designaron siete comandantes, periodo en que el Perú tuvo tres presidentes. En los últimos cinco años, tenemos seis. Una excesiva rotación en un cargo que lidera a decenas de miles de personas en tareas de seguridad y defensa e implica gestionar recursos humanos, entrenamiento, salud, logística, inteligencia, etcétera, en un marco de gran dispersión a lo largo del difícil territorio y amenazas diversas que exigen estabilidad y continuidad de procesos.

Solo en los últimos cinco meses el EP ha tenido tres comandantes, comparable al 2001, cuando la incertidumbre política dictaba la estabilidad de las instituciones. Es muy difícil entender que un CG pueda ser relevado arguyendo que el Fenómeno de El Niño lo exigía, un eufemismo para ocultar la verdadera intención (o que el recién cesado deje el cargo con apenas cuatro meses, siendo dueño de una impecable hoja de vida).

El artículo 167 de la Constitución establece que el presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), y el 169 que ambas están subordinadas al poder constitucional. Tiene, entonces, el Jefe Supremo el recaudo constitucional y la discrecionalidad para tomar decisiones que atañen a la dirección de estas instituciones.

Estas atribuciones, como en la discrecionalidad judicial, deben ser entendidas en texto y espíritu. Sostiene el jurista Roger Zavaleta que lo discrecional puede convertirse en arbitrario si no media la razón, equivalente al buen juicio, discernimiento y prudencia en el ejercicio del poder.

No fue razonable pasar al retiro a 29 generales de la policía y nombrar un director que  no apuntaba a la mejora institucional para volcarla contra el crimen. Ha sido arbitrario pasar al retiro a generales o coroneles del EP truncando sus planes de vida profesional al aplicar el principio de renovación sin mayor criterio a dueños de carreras brillantes y muchos años por delante.

Los ascensos han sido otro espacio donde la razonabilidad estuvo ausente en muchos casos. Un ascenso que se otorga a quien no corresponde es uno que se le arranca a quien lo merece. No podemos imaginar a un Jefe Supremo hundido en detalles de ascensos o cambios de oficiales o suboficiales sin perder el horizonte en los grandes asuntos nacionales que son de su incumbencia excluyente.

Al dejar el mando el general Vergara fue claro. “Los gobiernos y los comandantes pasan y las instituciones son permanentes”. Los desencuentros entre el CG y el Jefe Supremo eran conocidos, no en el sentido de insubordinación sino el de subordinación consciente a las normas.

A poco tiempo de nuevas elecciones, es bueno recordar que todo candidato presidencial es en potencia un Jefe Supremo de las FFAA y PNP y que, como tal, es responsable de la seguridad y la defensa nacional, misión que se cumple con personas que deben ser gestionadas razonablemente. Hay que reivindicar la buena gestión de recursos humanos y a quienes fueron afectados por escasa razonabilidad.

Las FFAA y la PNP necesitan ser respetadas en el cumplimiento de sus normas que le aseguren estabilidad y continuidad de procesos y, eso sí, ser exigidas en el cumplimiento profesional de sus roles constitucionales de garantizar la paz y seguridad.