Autonomía y zafarrancho (Expreso)

La teoría contempla la división del Estado en tres poderes clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con fines de balance y con responsabilidades definidas. Además, el Estado peruano tiene roles cuyo cumplimiento le asigna a diversas organizaciones y diez de estas son consideradas constitucionalmente autónomas, entre otras razones por lo especializado del servicio que provee al ciudadano. El Ministerio Público (MP) es uno de ellos.

Zafarrancho es un término polisémico y así como se refiere a protocolos de aprestamiento en mar y tierra, también es sinónimo de riñas, caos, confusión, desorden en general. El pandemónium que vive el país en los últimos tiempos tiene mucho de zafarrancho y algunos interesados anhelan que estas contradicciones se agudicen y su resonancia mediática arrope a quienes le fallaron al Perú.

El Ministerio Público por segunda vez en cuatro años tiene un fiscal de la Nación en el centro de la polémica. Carlos Ramos Heredia en 2015 fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy inexistente), por vínculos con Orellana, por arrinconar a fiscales que denunciaron al exgobernador Álvarez de Ancash, entre otros. Vuelta la calma, nadie se preocupó en los problemas estructurales de una institución tan importante y un desenlace es el caso Chávarry, quien acaba de renunciar. Y acaso pueden venir más.

La autonomía y la forma como esta se interpreta en algunos de los organismos constitucionales autónomos merece especial atención, pues puede emplearse como una poderosa herramienta de desarrollo para convertirse en organizaciones de vanguardia del Estado (Reniec, BCR, Defensoría del Pueblo, etc.) o con laxitud y en función al agrado, convertirse en trinchera de defensa de intereses haciendo de esta, un coto o un pequeño estado dentro del Estado. Es decir, una aberración.

Un ente autónomo no puede ser un cubil donde convivan individuos y grupos con diferentes códigos de ética o el parapeto de una autarquía burocrática, cuando hoy la noción de sistema y visión compartida al servicio del ciudadano son imperativos que ningún gestor puede esquivar.

El orden es un atributo del desarrollo. No hay un país del primer mundo cuya sociedad se haya desarrollado en un entorno de desorden o de zafarrancho institucional. A su vez, las sociedades son desordenadas si existe un marco de desorden estatal que lo permita o promueva.

El desorden institucional genera oscuridad y bajo esa sombra se encubren cómodas las organizaciones criminales. Ningún país desarrollado logró el éxito caminando en círculo. Organismos constitucionales autónomos sí, pero en un marco de orden y desarrollo si aspiramos a crecer y competir con un mínimo de éxito en la región y el mundo.