Autor
Termina una nueva campaña electoral y persisten los mismos vicios en nuestro maltratado sistema electoral y politico. Haberle quitado las facultades de control concurrente a la ONPE no solo permite que algunas organizaciones realicen campañas económicas desbocadas, sino que cualquier control posterior solo sirve para constatar el hecho consumado, cuando el pueblo ya ha tomado una decisión. Si el soberano se pronuncia, cualquier infracción no tiene solución práctica y, peor aún, si la acción coactiva no tiene la fuerza suficiente para hacerla efectiva.
Las campañas de gastos exorbitantes sin control en tiempo real son de alto riesgo, pues pueden ocultar financiamiento de oscura procedencia donde intereses de terceros pretendan hacerse de poderes indirectos que ya los hemos visto en nuestra desacreditada política. El narcotráfico, la mayor amenaza para el estado, logró en el pasado y en varios momentos presencia en el Poder Legislativo para desencanto de pocos e indiferencia de muchos. El narcotráfico busca permanentemente perforar el Estado y sus instituciones. Mirarse en el espejo mexicano o colombiano debe servir para recoger lecciones aprendidas.
Quienes restringieron la potestad de control efectivo y concurrente durante las campañas políticas no pusieron por delante los intereses patrios. Es absolutamente posible, conducir una campaña y mantener al día los gastos y mostrarlos a la ONPE cuando son requeridos. Los recientes descubrimientos por investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial, de la forma burda y millonaria de financiar campañas con dineros provenientes de empresas extranjeras que luego se cobran con obras sobrevaloradas o adendas leoninas, nos muestran hasta donde pueden llegar los financiamientos de campaña. Ello es la mejor evidencia para que el control concurrente o simultáneo sea restituido de inmediato.
Se debe restituir esta facultad a ONPE para los próximos procesos y empoderarla para evitar que la política siga en el tobogán del desprestigio, el Estado esquilmado y las representaciones se nutran de fantoches que obedecen a terceros y los verdaderos intereses nacionales sean relegados. Escenario letal donde el pueblo sufre las consecuencias y las problemas sociales se agudizan.
Las campañas multimillonarias tienen además otro componente que el decir popular lo reitera por las calles como: “ese partido tiene alcaldes”, o “ese partido tiene gobernadores” y dejan flotando la idea que el dinero de todos los peruanos sería empleado para financiar campañas. Solo un control efectivo y concurrente lo evidenciaría como también el mal uso de personal que labora para municipalidades y otros estamentos del Estado empleados para acompañar mítines o hacer propaganda. Algo inaceptable y debe ser parte importante de la agenda de la reforma política y electoral. La política tiene que dejar de ser un negocio para recuperar su verdadera razón de ser en el servicio.
