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Tras la derrota militar de las organizaciones terroristas, tipificadas como tal por la ONU, vino la llamada “guerra después de la guerra”, que tiene varias expresiones. Por un lado, los marxistas que no toman las armas, pero admiran a quienes lo hacen, desarrollaron una estrategia de blanqueamiento para los causantes de decenas de miles de muertos: luchadores sociales, presos políticos, conflicto armado interno, juicios justos, mejores condiciones carcelarias, SL como partido político (CVR) y mucho más.
Simultáneamente, desarrollaron una campaña de liberación de terroristas; una descarada campaña que incluso pretendió liberar al cabecilla “Gonzalo”. Terroristas confesos fueron indultados por sufrir de gastritis, por ejemplo, para deshonra de las instituciones que claudicaron y para victoria de los cómplices que lo forzaron. A quienes no pudieron liberar les bajaron las penas al punto de que hoy son escasos los terroristas presos. De la mano, vino la guerra judicial contra quienes, en nombre de la sociedad, los derrotaron con las armas de la patria y la Constitución en la mano.
Si fueron avezados para liberar terroristas, infiltrar instituciones, blanquear asesinos y mucho más, ¿por qué no serían capaces de aplicar leyes inexistentes en el ordenamiento jurídico estatal al momento de producirse el supuesto delito? Lo hicieron con la mayor desfachatez, y el concepto de lesa humanidad, que nunca aplicaron a los terroristas que arrasaron al pueblo Asháninka y esclavizaron a los sobrevivientes, por ejemplo, fue aplicado de manera selectiva y arbitraria contra militares y policías.
El pasado 9 de agosto se publicó la ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestra legislación. En un sistema judicial neutral, sujeto al principio de legalidad, sin la infiltración de ONG ideologizadas y subvencionadas con fondos nada transparentes, habría sido innecesaria; pero si vemos acusaciones que pueden tomar 25 años en redactarse y que suenan a realismo mágico, fantásticas pero pura cáscara, era indispensable. Los defensores de terroristas ya la llamaron “ley de impunidad”.
A las decenas de miles de muertos por la demencial ideología terrorista, hay que sumarle los “muertos judiciales”, que son peruanos muertos en vida con juicios eternos, como en el caso del general Rivero Lazo, quien estuvo más de 12 años en prisiones preventivas y a quien hasta hoy, luego de 25 años, encierran impunemente sin probarle nada.
La guerra legal, traducida en persecución a los defensores de la patria con la complicidad de muchos parientes ideológicos, arrasa con el principio de legalidad, que en esencia establece que cualquier decisión judicial debe basarse en normatividad legal previa, pues solo por ley se establecen las sanciones a los delitos. Ninguna ley penal más severa puede aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Así de simple.
Decir que habrá impunidad es una falacia pura. Los únicos afectados serán los perseguidores que viven del infame oficio de defender terroristas y lograr que el Estado les indemnice. La verdad es que quienes cometieron delitos en el pasado serán sancionados con las leyes vigentes en la época. No existe viaje judicial al futuro. ¡No se puede acusar de aquello que no existe! La justicia no puede ser abusiva sino previsiva, o caemos en ¡lesa justicia!
