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Para solucionar un problema hay que admitir su existencia y la inseguridad ciudadana es tan gigantesca que no admite umbrías y entonces no emplear los recursos del Estado para recuperar el bienestar de la sociedad es negligencia supina o miedo a asumir responsabilidades. Esa negligencia o miedo se paga con vidas en una espiral violenta de desenlace previsible.
El crimen campea en las calles, en los barrios o los pueblos alejados, en los socavones mineros, en los valles y rutas del narcotráfico, en las invasiones y en cuanto espacio podamos mencionar y, cuanto más tardías sean las decisiones, mayor será el costo a pagar en el daño rutinario y en el costo emergente derivado de los estados de excepción y del empleo frontal de la fuerza pública.
El crimen desborda la resistencia ciudadana y en algunos lugares ha rebasado la capacidad de la policía nacional. Ni siquiera preguntarse cómo llegamos a este punto cuando las evidencias destrozan los sentidos. Los sucesivos gobiernos tembleques e irresponsables han dejado crecer el monstruo con indecisiones que les brinde aire político sin interesarles el mediano y peor el largo plazo. Mientras salvan el pellejo político muere gente en su nombre en una peligrosa ecuación que tiende a normalizarse.
Los presidentes y por tanto jefes supremos nominales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional solo lo son para la pompa y el boato, los honores, el alarde o para inescrupulosamente tomarse una foto con los altos mandos y simular que su enclenque posición tiene el respaldo del poder de las armas, en un abuso de autoridad craso.
Si tal es la situación de inseguridad y ese el marco político, veamos cómo están los actores directos y responsables de brindar bienestar a partir de la seguridad. En una falla de origen, el Ministerio Publico (MP) una institución relativamente nueva absorbió tareas que casi universalmente son policiales. La investigación básica, preliminar o cómo se quiera llamar es una función policial por inmediatez, por ser los policías casi siempre los primeros y directos testigos de los hechos.
Ningún fiscal por inmensamente capaz puede obtener mejor información preliminar que un policía quien además conoce el tablero, es decir los vínculos de los delincuentes con otros y sus organizaciones criminales. Lo actual, son las investigaciones eternas cuyas pruebas con el paso del tiempo se debilitan. La situación con el MP se agrava cuando algunos fiscales subordinan su dignidad profesional y su delicada misión a personas u organizaciones externas cooptadoras que buscan sin escrúpulos cotos de control al interior del MP. ¿Si ello no es crimen? ¿Cómo podríamos tipificar a quienes infiltran y pervierten el MP?
De otro lado, que dos alféreces de la Policía graduados pocos meses atrás sean capturados como parte de una banda criminal significa crudamente que la PNP ha sido infiltrada por delincuentes u organizaciones criminales. Entonces, si del lado del MP hay fallas de origen, del lado de la bicentenaria Policía hay problemas ingénitos derivados fundamentalmente del manoseo político que en los últimos 20 años alcanzó su zenit con despidos masivos de generales, sin ningún propósito a la par de la desatención total en recursos, en logística, presupuesto, etc.
Brechas de efectivos, sin sistemas de comunicaciones, sin vehículos rompe manifestaciones, sin respaldo legal ni empoderamiento político desde el liderazgo presidencial. Como exigirle a la PNP resultados extraordinarios que son los que se requieren cuando la desatención es evidente como punible. Debería el Congreso emitir una ley que sancione a los miembros del Ejecutivo que nieguen recursos a la fuerza pública en su conjunto por ser un atentado contra la nación.
El combate al crimen organizado, cada vez más avezado, se inicia con la decisión política. Decisión política para equipar, entrenar, aprestar y emplear los recursos con firmeza y poniendo como norte solamente el bien común. Pero, si se declara en emergencia Pataz y se despliega la fuerza pública con la consigna de “no costo social” léase “no quiero costo político”, el combate al crimen se convierte en una pantomima, en un remedo burdo, en una negación del éxito en los predios de Bukele o Noboa.
Pataz, es un ejemplo de cómo no se deben emplear las fuerzas del orden. Los éxitos tácticos, no cubrirán jamás las fallas estratégicas, pues no hay un presidente que tome decisiones y diga: “yo soy el responsable” y salga al frente y empodere a la fuerza pública, como se hace en Ecuador y en El Salvador.
La seguridad ciudadana se recuperará cuando haya decisión política en 360°. Que no haya miedo en invertir en seguridad pues ahí empieza el ciclo virtuoso del desarrollo. El crimen en cualquiera de sus modalidades además del daño a la sociedad impacta en la economía algo que los burócratas del MEF parecen no entender. No se puede seguir viviendo en el limbo de la muerte, del sicariato, del asesinato cobarde para robar un celular. Que no haya miedo en emplear la fuerza pública con firmeza pues sabemos que los derechos humanos de todos serán preservados.
Los doce ministros del interior y los siete comandantes generales de la PNP desde el 2021 poco o nada hicieron y son una muestra representativa de la caótica decisión política en el sector, además de ser un atentado a la continuidad de procesos.
