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Tras la captura de Abimael Guzmán, se adoptaron dos acciones de consolidación que buscaron aprovechar el éxito: la ley de arrepentimiento y el programa de apoyo al repoblamiento (PAR). La primera brindaba oportunidades a quienes, vinculados al terrorismo no eran cabecillas o estaban involucrados en hechos sangrientos, lo que permitió el desbande de algunas estructuras terroristas. El PAR buscaba retornar algunos de los cientos de miles de migrantes que abandonaron todo para refugiarse en las ciudades. Ambas tuvieron relativo impacto por falta de continuidad y seguimiento de procesos.
Con las capturas de Polay y “Feliciano”, creímos haber derrotado al terrorismo, cuando solo eran éxitos importantes, pero iniciales. Terminamos cediendo la iniciativa y los espacios que capitalizaron los terroristas para ligarse con el narcotráfico y no pudimos cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia. Fallamos en la consolidación.
Consolidación es un término muy usado en el léxico militar y se refiere a tareas de afianzamiento luego de la conquista de objetivos iniciales, para constituirlos en puntos de apoyo y aprovechar el éxito a la par de negarle la posibilidad de recuperación del adversario. Cantar victoria prematuramente, es ceder la iniciativa y nada responsable.
Un grave error fue descuidar la parte legal y menospreciar la estrategia terrorista de rescatar presos de las cárceles y reestructurar sus cuadros, denunciar al estado en fueros internacionales, ocultar otros muchos como asilados políticos, flexibilizar las condiciones carcelarias y hasta permisos judiciales de viaje al extranjero, etc. Todo un carnaval. Simultáneamente había que golpear cual villanos a quienes pusieron el pecho por salvar lo que quedaba de democracia entonces.
Si lo anterior fue grave, no lo es menos haberse olvidado de saldar cuentas con la población que había sido duramente afectada por la acción del terrorismo. Terrorismo, que pregonaban “destruir para construir”, es decir acabar con el estado vigente para construir el de la “nueva democracia”, que en el colmo del achaque ideológico visaba un millón de muertos en el camino. El terrorismo avanzó en “destruir el estado”. Volaron en pedazos puentes, torres de alta tensión, comisarías, escuelas, tramos de ferrocarriles, postas médicas, cooperativas agropecuarias, bancos, municipalidades, canales de televisión, asesinaron a dirigentes comunales de lejanos parajes, alcaldes, a jueces y fiscales, militares, policías, funcionarios, ministros, ronderos, etc., minando la moral nacional, pues devastaron más que cualquier guerra y por poco la esperanza de millones de peruanos.
La teoría general frente a estos fenómenos, sugiere tres etapas: prevención, intervención y reconstrucción. Sobre la intervención se ha escrito bastante y también somos conscientes de nuestro sentido de anticipación. Poco hemos dicho sin embargo sobre la crucial reconstrucción que solo el estado puede hacerlo.
La moral colectiva de la nación asentada en las ciudades se vio reconfortada con las capturas o el arrepentimiento de algunos. Nadie reparó el trauma sicológico de cientos sino miles de poblados rurales donde la reconstrucción moral, sola, viene encontrando sus cauces y la escasa reconstrucción material se priorizó en los centros poblados más densos. ¿Qué paso con los poblados alejados?
Lucanamarca, Uchurajay, Soras, Chiquintirca, Husnay, Chungui, el heroico Pichihuillca, y cientos de poblados, siguen igual. Es cierto que con el cambio de la situación económica se ha avanzado algo en llevar luz, agua y quizá leves mejoras en salud. Pero ese esfuerzo no fue lo intenso ni focalizado en los lugares donde se debió reconstruir.
Hoy, la gran oportunidad la tenemos en el Huallaga. Capturado (a) “Artemio”, el éxito debe ser utilizado por el estado para que realmente gane el Perú y no lo celebren el "cartel de Sinaloa" o los cabecillas del Vrae. Hay que consolidar el éxito obtenido, fruto de un largo esfuerzo y reconstruir las relaciones del estado con la población del Huallaga en términos de salud, educación, vías de comunicación y alternativas a la pobreza. Resulta increíble que desde la capital del departamento de Huánuco por ejemplo, no se pueda llegar a Huacaybamba o Huacrachuco y se deba viajar a Lima y luego a Trujillo para hacerlo por Pataz. O que el Valle del Monzón siga en manos bandas narcotraficantes. Replicar en todo el valle el llamado "milagro de San Martín", el éxito con la palma aceitera de Palma del Espino o el de la Cooperativa de Naranjillo, verdaderas proezas cada uno en su modalidad y que trascendieron al terrorismo y aun al narcotráfico. Si perdemos la oportunidad, algunos años más tarde estaremos nuevamente lamentándolo.
