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Pablo Escobar en Colombia o el Chapo Guzmán en México tenían en común el deseo vehemente de controlar tras bastidores, instituciones importantes de sus respectivos países o suplantarlas. El poder es una necesidad y vicio de los delincuentes para reforzar sus ilicitudes que cada vez son más avezadas.
Ningún delincuente camina con su rótulo en el pecho ni una organización criminal tiene un letrero en la pared que la identifique como tal. Son sus hechos los que los definen, por ello en el complejo ajedrez de estas semanas hay que leer las jugadas para entender las intenciones pues bajo la pantomima de defensa de la democracia o los derechos humanos de los peruanos, una caterva de inmorales pintados de conciencia moral del país maneja los hilos y controla espacios claves que ingenuamente los peruanos habían aceptado hasta que se cansaron.
Mucho cuidado con las ONG que se rotulan como “defensoras de los derechos humanos” y ello no es del todo cierto. Algunas como IDL defienden los derechos de los terroristas que se coludieron con el narcotráfico y persiguen a militares y policías que los combatieron, por tanto, debemos sospechar dada la oscuridad de sus finanzas que esta defensa y persecución tengan peligrosos móviles tras el borroso etiquetado de defensa legal; curiosamente hoy los testimonios de Jaime Villanueva confirman que están flagrantemente del lado de la ilegalidad.
Si bien los hechos recientes muestran a IDL infiltrado en el Ministerio Público hasta el tuétano con una de sus periodistas con escritorio y puerta franca en el despacho de un fiscal investigador del caso Lava Jato o que el exfiscal de la nación Pablo Sánchez haya reaccionado como un resorte ante la llamada del jefe de IDL para frenar una intervención y en vivo y directo amenace al fiscal encargado, tampoco cabe dudas que fueron junto a muchos de su misma laya los titiriteros de Vizcarra en el Ejecutivo; un transgresor que utilizaron y hoy por alguna razón han echado a manos de la justicia.
Son decenas de acusaciones que evidencian una conducta peligrosa y adicta al control del Estado que configuran delitos y para lo cual no existen como organización no gubernamental. Han violado la ley y pretenden ser fiscales o jueces “supersupremos” pisoteando la Constitución que alardean defender. Eso sí, convenientemente apoyados por muchos operadores que actúan al unísono cuando suena la señal de Signal. En un sistema de democracia aun básica y por ende de equilibrio de poderes, hace rato el Congreso de la República con atribuciones exclusivas de control político debió actuar, pero todo hace suponer que sus tentáculos alcanzarían otras instituciones.
El Ministerio Público como ente constitucionalmente autónomo, no rinde cuentas a nadie salvo al Perú. Quienes han permitido que se pisotee su majestad y se usurpen sus funciones deben rendir cuentas a la justicia. Y los “supersupremos” cooptadores de instituciones deben ser puestos bajo la lupa. Algo más se teje tras bambalinas.
Por Otto Guibovich
