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Con la reciente ascensión del General Humberto Ramos Hume, el Ejercito del Perú (EP) registra su comandante numero dieciséis desde el año 2000. En el mismo periodo, Argentina tuvo cuatro, Chile cuatro, Colombia –comprensiblemente– nueve y Brasil cuatro. El EP promedia menos de un año por Comandante General (CG) y es escasamente mejor en las otras dos fuerzas.
En el primer quinquenio del presente siglo se designaron siete comandantes, periodo en que el Perú tuvo tres presidentes. En los últimos cinco años, tenemos seis. Una excesiva rotación en un cargo que lidera a decenas de miles de personas en tareas de seguridad y defensa e implica gestionar recursos humanos, entrenamiento, salud, logística, inteligencia, etcétera, en un marco de gran dispersión a lo largo del difícil territorio y amenazas diversas que exigen estabilidad y continuidad de procesos.
Solo en los últimos cinco meses el EP ha tenido tres comandantes, comparable al 2001, cuando la incertidumbre política dictaba la estabilidad de las instituciones. Es muy difícil entender que un CG pueda ser relevado arguyendo que el Fenómeno de El Niño lo exigía, un eufemismo para ocultar la verdadera intención (o que el recién cesado deje el cargo con apenas cuatro meses, siendo dueño de una impecable hoja de vida).
El artículo 167 de la Constitución establece que el presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), y el 169 que ambas están subordinadas al poder constitucional. Tiene, entonces, el Jefe Supremo el recaudo constitucional y la discrecionalidad para tomar decisiones que atañen a la dirección de estas instituciones.
Estas atribuciones, como en la discrecionalidad judicial, deben ser entendidas en texto y espíritu. Sostiene el jurista Roger Zavaleta que lo discrecional puede convertirse en arbitrario si no media la razón, equivalente al buen juicio, discernimiento y prudencia en el ejercicio del poder.
No fue razonable pasar al retiro a 29 generales de la policía y nombrar un director que no apuntaba a la mejora institucional para volcarla contra el crimen. Ha sido arbitrario pasar al retiro a generales o coroneles del EP truncando sus planes de vida profesional al aplicar el principio de renovación sin mayor criterio a dueños de carreras brillantes y muchos años por delante.
Los ascensos han sido otro espacio donde la razonabilidad estuvo ausente en muchos casos. Un ascenso que se otorga a quien no corresponde es uno que se le arranca a quien lo merece. No podemos imaginar a un Jefe Supremo hundido en detalles de ascensos o cambios de oficiales o suboficiales sin perder el horizonte en los grandes asuntos nacionales que son de su incumbencia excluyente.
Al dejar el mando el general Vergara fue claro. “Los gobiernos y los comandantes pasan y las instituciones son permanentes”. Los desencuentros entre el CG y el Jefe Supremo eran conocidos, no en el sentido de insubordinación sino el de subordinación consciente a las normas.
A poco tiempo de nuevas elecciones, es bueno recordar que todo candidato presidencial es en potencia un Jefe Supremo de las FFAA y PNP y que, como tal, es responsable de la seguridad y la defensa nacional, misión que se cumple con personas que deben ser gestionadas razonablemente. Hay que reivindicar la buena gestión de recursos humanos y a quienes fueron afectados por escasa razonabilidad.
Las FFAA y la PNP necesitan ser respetadas en el cumplimiento de sus normas que le aseguren estabilidad y continuidad de procesos y, eso sí, ser exigidas en el cumplimiento profesional de sus roles constitucionales de garantizar la paz y seguridad.
